AÑO XLIV Núm. 218 11 de noviembre de 2025
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 31/10/2025, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se suspende la autorización ambiental integrada, de una planta de tratamiento de pilas y baterías ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa Envirobat España, SL. (Expediente: AAI-GU-086). [2025/8428]
NIMA: 1930000610
Vista el acta de inspección presencial de fecha 22 de julio de 2025, con referencia GU-00187-12_22_07_2025_687e443ad5a1c, realizada a la instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos de pilas y baterías ubicadas en Avenida de Lyon, 10, Polígono Industrial Ródano, del término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), cuyo titular es Envirobat España, SL, sociedad con CIF B85268191, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de febrero, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y en base a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero. Se emite la Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización ambiental integrada de una planta de tratamiento de pilas y baterías ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa Envirobat España, SL.
Segundo. Aproximadamente a las 19:00 horas del 4 de julio de 2025, se inició un incendio de los residuos en la instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos de pilas y baterías ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), el cual se da por extinguido el 20 de agosto de 2025.
Tercero. Con fecha 22 de julio de 2025, el personal inspector de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, identificado como 19TI210 y el jefe de Servicio de Calidad Ambiental de Guadalajara, se personaron en la ubicación citada, redactando al efecto el acta de inspección con referencia GU-00187-12_22_07_2025_687e443ad5a1c.
Cuarto. En la citada acta de inspección se manifiesta que “la instalación se encuentra completamente destruida a causa del incendio.” También se cita que “la estructura de las dos naves ha colapsado totalmente”, especificando sobre las mismas que “la nave de la derecha (vista desde Avda. Lyon) es inexistente” y que “la nave de la izquierda mantiene parcialmente la estructura perimetral exterior, salvo el lateral en su parte central junto a la parcela de CeftraL”. Respecto a la maquinaria de tratamiento de residuos que se disponía, se indica que “se desconoce el estado de las máquinas: seleccionadora Tomra y trituradora”. Asimismo, se observa que “aún se encuentran humeando algunos de los residuos de la instalación”.
Quinto. En relación con lo anterior en fecha 29/07/205 la Dirección General de Calidad Ambiental acuerda adoptar la medida provisional consistente en la suspensión provisional de la actividad de tratamiento de pilas y baterías en la instalación indicada, siendo notificada el día 29/07/2025, con registro de número 818710.
Sexto. En fecha de 8 de agosto de 2025 (registro de salida número 674566), se notifica a Envirobat España, SL. la Resolución de 08/08/2025 de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de suspensión de la autorización ambiental integrada de la planta de tratamiento de pilas y baterías ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa Envirobat España, SL
Séptimo. A fecha de 18-08-2025, Envirobat España, SL. presenta alegaciones al citado acuerdo de inicio del procedimiento de suspensión de la actividad. Sobre las alegaciones recibidas, se realizan las siguientes consideraciones.
Alegación primera, sobre la documentación previamente aportada:
Pese a que el titular ha ido aportando rigurosamente toda documentación que se le ha ido requiriendo tras el incendio o, en su defecto, los acuerdos contractuales para iniciar las actuaciones o informes requeridos que han de elaborar terceras empresas, la autorización ambiental integrada se suspende porque las instalaciones tal y como se autorizaron, ya no existen, por tanto, ya no se puede ni tratar ni almacenar residuos en las condiciones que establecen tanto en dicha autorización, como en la propia normativa de tipo medioambiental que se contempla en la misma. Hasta el momento, no se pone objeción a la plena disposición del titular de la instalación ante las actuaciones y requisitos que, desde esta Administración medioambiental, se están solicitando a raíz del incendio, pero también es cierto, que la instalación de tratamiento y almacenamiento de residuos autorizada ya no existe como tal, y por tanto, la autorización para tratar y almacenar residuos, en este caso, la autorización ambiental integrada, ha de suspenderse de forma temporal hasta que la instalación vuelva a cumplir con las condiciones necesarias para la actividad. Por lo tanto, esta alegación no se puede atender.
Alegación segunda, sobre las consecuencias de suspender la autorización ambiental integrada:
La suspensión de las actividades de tratamiento y de almacenamiento de residuos recogidas en la autorización ambiental integrada que aquí se suspende, tienen carácter temporal, hasta que en su caso, las instalaciones, equipos, condiciones de tratamiento y almacenamiento de residuos y las medidas preventivas y correctoras para evitar y reducir el impacto ambiental asociado al desarrollo de la actividad, se recuperen, siempre y cuando, la posible reconstrucción de la instalación en la misma ubicación de la planta incendiada, sea compatible con la normativa urbanística, medioambiental y otras legislaciones que pudieran afectar. Asimismo, cabe señalar que la autorización ambiental integrada no ha sido retirada, ni revocada, sino que se trata de una suspensión temporal por una causa obvia. También conviene recordar que el registro para la producción de residuos no se suspende, porque como dice esa parte, es necesario, y de hecho, imprescindible, gestionar adecuadamente todos los residuos que han quedado y los que se han generado en la instalación tras el incendio. En consecuencia, no se atiende esta alegación.
Alegaciones tercera y cuarta, sobre de la improcedencia procedimental del acuerdo de inicio del procedimiento de suspensión de la autorización ambiental integrada y sobre la nulidad o, en su defecto y subsidiariamente, la anulabilidad del acto administrativo:
Alega la parte, en resumen, que sin haber finalizado el plazo de quince días, no debería ser iniciado un nuevo procedimiento de suspensión de la actividad, amparándose en lo dispuesto en el art. 21.1 de la LPACAP, y en que no se cumple lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.
Procede desestimar esta alegación dado que el acuerdo de inicio del procedimiento que nos ocupa, tendente a la suspensión de la Autorización Ambiental Integrada concedida mediante la Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, (…) hasta que puedan acreditarse por parte de Envirobat España, SL las condiciones de diseño y de tratamiento de residuos establecido en la Autorización Ambiental Integrada, (…), tiene su fundamento jurídico en lo dispuesto en el artículo 56.2 de la citada ley de procedimiento, Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dispone que una vez adoptada una medida provisional, antes de iniciar un procedimiento administrativo, lo que viene a ser conocido como medida provisionalísima, el órgano adoptante dispone de un plazo de 15 días para confirmar, modificar o levantar la referida medida provisional adoptada. Y este acuerdo de inicio del procedimiento deberá efectuarse, refiere expresamente este artículo “dentro de los quince días siguientes a su adopción”. Y continúa refiriendo que “En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas”.
Es decir, sin entrar a valorar las motivaciones que dieron lugar a la primigenia suspensión provisional, que es objeto de otra alegación, formalmente se puede afirmar que se ha dado estricto cumplimiento a lo expuesto, dado que, de no ser dictado acuerdo de inicio dentro de ese plazo de 15 días, de haber sido adoptada alguna medida provisional, ésta quedaría sin efecto.
Por otro lado no se acierta a comprender que quiere indicar la parte cuando afirma que según lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley PACAP, no es posible iniciar un nuevo procedimiento sin haberse resuelto el anterior, dado que este artículo nada refiere al respecto.
En cuanto a la referencia al no cumplimiento de las medidas provisionales previstas en el apartado primero del artículo 35 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, que exige que para adoptar alguna medida provisional, una vez iniciado un procedimiento sancionador, procede dar la razón a la interesada, en el sentido de que no se ha iniciado un procedimiento sancionador, por lo que la medida provisional de suspensión no tiene encaje en lo dispuesto en este artículo.
Con base en lo anterior y como alegación cuarta plantea la parte la nulidad de pleno derecho de la resolución de inicio frente a la que se plantean las alegaciones, por considerar que es un acto que lesiona derechos y libertades susceptible de amparo constitucional. O de no ser nula de pleno derecho invoca, de manera subsidiaria, la anulabilidad de este acto por los “evidentes vicios de que adolece”, por lo que debe ser considerada invalida.
Sin embargo, frente a este argumento debe decirse que no procede su atención por los motivos ya expuestos, correspondiendo a la parte que lo alega probar la lesión que dice se ha producido por el acto administrativo. Sin embargo se limita a transcribir el artículo que lo recoge, pero no fundamenta en que fundamenta esa nulidad, indicando de soslayo que no está debidamente motivada la suspensión, y que el acto es nulo por los “evidentes vicios de que adolece y que lo invalidad” pero sin concretar a que se refiere. Indicar que ha presentado los documentos que se le requieren y que la suspensión tiene consecuencias para la empresa, la cual acredita su voluntad de volver a su actividad habitual a la mayor brevedad posible, que no es posible iniciar un procedimiento cuando no se ha resuelto el otro, no puede considerar fundamento suficiente para defender que la resolución de suspensión debe ser tachada de nula o en su defecto de anulable. Y ello, como se ha expuesto, porque no estamos ante dos procedimientos distintos, sino en un único procedimiento de suspensión de la actividad, que por su importancia exigía suspender provisionalmente la actividad de la empresa, y ser corroborado dentro del plazo de 15 días, ex art. 56 Ley 39/2015, que es lo que viene a formalizar el acuerdo de inicio frente al que ahora se alega.
Así mismo, ha quedado suficientemente motivada la necesidad de suspender la actividad, pues las condiciones para el ejercicio de la actividad, no se dan a consecuencia del incendio producido. Se recuerda que no se prejuzga en este procedimiento la responsabilidad sobre el mismo, lo que deberá ser objeto de otro procedimiento distinto.
Por lo expuesto, lo que es cierto es que el incendio ha provocado tales daños en las instalaciones que impiden cumplir las condiciones de funcionamiento recogidas en la AAI, lo que lleva a suspender toda actividad relacionada con los residuos hasta que aquellas condiciones se den de nuevo.
En relación con los anteriores antecedentes, son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero. La empresa Envirobat España, SL. es titular de la autorización ambiental integrada de la actividad otorgada mediante Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización ambiental integrada de una planta de tratamiento de pilas y baterías ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa Envirobat España, SL. (expediente AAI-GU-086), publicada en DOCM número 73 de 19/04/2021, y modificada por la Resolución de 05/09/2023, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se modifica la autorización ambiental integrada del centro de almacenamiento y tratamiento de residuos de pilas y baterías ubicado en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), cuya titular es Envirobat España, SL., publicada en DOCM número 182 de 21/09/2023.
En el apartado 3 de la citada resolución, relativo a la descripción de las instalaciones, se especifica el diseño de la instalación de tratamiento de residuos que se autoriza. Asimismo, el apartado 5.2.5, sobre la autorización para la gestión de residuos, contempla las operaciones de gestión de residuos, los residuos a tratar y las condiciones para gestionar adecuadamente los mismos, de forma que ese tratamiento sea compatible con la protección del medio ambiente y la salud de las personas.
Segundo. Tanto el artículo 44 de la hoy derogada Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, bajo la cual fue otorgada la autorización ambiental integrada, como el artículo 106 de la vigente Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, disponen que la autoridad competente podrá comprobar en cualquier momento que se cumplen los requisitos correspondientes a las autorizaciones otorgadas y de las actividades comunicadas según lo previsto en esta ley; en caso de que no fuera así se podrá suspender la autorización o paralizar provisionalmente la actividad prevista en la comunicación y se propondrán las medidas a adoptar o, en su caso, se podrá revocar la autorización o paralizar definitivamente la actividad.
En el presente caso, y conforme con el acta de inspección con referencia GU-00187- 12_22_07_2025_687e443ad5a1c de 22 de julio de 2025, se comprueba que las instalaciones, equipos y edificaciones, no cumplen las prescripciones relativas al diseño y explotación de la instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos de pilas y acumuladores establecido en la Autorización Ambiental Integrada, otorgada por Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, dado el incendio acaecido en las instalaciones, por lo que procede la suspensión de la citada autorización.
Tercero. Según dicho artículo 106.2, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, cabe la suspensión de la autorización.
Cuarto. De acuerdo con el artículo 82.4 del a Ley 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero, y de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Dirección General de Calidad Ambiental,
Resuelve:
Primero. Suspender la Autorización Ambiental Integrada otorgada mediante la Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se otorga autorización ambiental integrada de una planta de tratamiento de pilas y baterías ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa Envirobat España, SL., hasta que puedan acreditarse por parte de Envirobat España, SL las condiciones de diseño y de tratamiento de residuos establecidos en la Autorización Ambiental Integrada.
Segundo. Suspender todas las operaciones de tratamiento de residuos autorizadas en la autorización ambiental integrada de la actividad otorgada mediante la Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular y modificada por la Resolución de 05/09/2023, de la Dirección General de Calidad Ambiental; concretamente se suspenden las siguientes operaciones de tratamiento de residuos en la instalación:
- R4, Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
- R5, Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
- R12, Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R 1 y R 11. Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a R 11.
- R13, Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R 1 a R 12.
- R14, Preparación para la reutilización.
Tercero. Envirobat España, SL queda actualmente habilitado como productor de residuos, al amparo de lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el objeto de que pueda entregar a otros gestores de residuos, los residuos generados en el incendio, así como residuos de pilas y baterías y otras sustancias, que pudiera tener almacenados en planta en el momento del incendio y que no han sufrido daños.
Cuarto. Para la revocación de la suspensión de la autorización ambiental integrada, se deberá realizar:
1. Ejecutar la limpieza y descontaminación de la parcela industrial en la que se ubicó la actividad, que incluye la retirada de todos los residuos peligrosos y no peligrosos generados en el incendio, así como residuos que estaban almacenados en la instalación y no fueron objeto de las llamas. Tras la finalización de la misma se realizará una inspección presencial a las instalaciones por parte de técnicos inspectores de esta Administración, debiendo emitirse informe favorable al respecto.
2. Caracterización analítica de los suelos y las aguas subterráneas de la parcela objeto de actividad y zonas adyacentes afectadas, y según resultados obtenidos, cumplir con las exigencias de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y del Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril; el Reglamento de la Administración Pública del Agua, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio; y el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
3. Respecto a la contaminación de aguas subterráneas, se atenderá a lo requerido por la Confederación Hidrográfica del Tajo, como organismo competente en aguas.
4. Nuevo informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
5. Proyecto de reconstrucción de las instalaciones que, en su caso, deberá incluirse dentro de una solicitud de modificación de la autorización ambiental integrada de la actividad, en los términos establecidos en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y del art 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Previamente a iniciar las obras del proyecto de reconstrucción, en su caso, deberá contar con la correspondiente resolución de modificación de autorización ambiental integrada. Dicho proyecto incorporará informe sobre las causas del incendio, motivo por el que se considera que existe una seguridad razonable de que el incidente no va a volver a repetirse y, en su caso, medidas correctoras al respecto.
6. Una vez finalizadas las obras de reconstrucción de la planta, en su caso, y previamente al inicio de la actividad, se realizará una inspección presencial a las instalaciones por parte de técnicos inspectores de esta Administración, debiendo emitirse un informe favorable al respecto que acredite que las instalaciones están preparadas para tratar y almacenar residuos de nuevo, y que se cumplen nuevamente las condiciones de la autorización ambiental integrada y particularmente, de la normativa en materia de residuos.
7. Informe sobre las causas del incendio, motivo por el que se considera que existe una seguridad razonable de que el incidente no va a volver a repetirse con el nuevo proyecto y, en su caso, medidas correctoras al respecto.
Todo ello sin perjuicio de las actuaciones requeridas mediante el oficio de la Dirección General de Calidad Ambiental de 21-07-2025 (registro de salida número 783437), en la resolución de 11/09/2025 de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se aprueba el plan de limpieza y descontaminación, la propuesta de caracterización de suelos y aguas subterráneas y la realización de un estudio de niveles de inmisión atmosférica de metales en la planta de tratamiento de pilas y baterías ubicada en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), titularidad de la empresa Envirobat España, SL, tras incendio iniciado en dicha planta el 4 de julio de 2025, con fecha de salida de 26/09/2025 (registro de salida número 1025839), así como otros requerimientos que hayan podido hacerse desde esta Administración con motivo del incendio acaecido en la planta.
Contra la presente resolución, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración, por lo que la presentación de las alegaciones deberá realizarse a través de medios electrónicos en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 31 de octubre de 2025
El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO