AÑO XLV Núm. 214 9 de noviembre de 2026


I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Bienestar Social

Resolución de 06/11/2026, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen los servicios mínimos respecto de los centros de titularidad de la Consejería de Bienestar Social gestionados indirectamente, durante la huelga general convocada para el día 11/11/2026. [2026/8068]

Las Comisiones Ejecutivas de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT), así como la Confederación General de Trabajo (CGT), la Confederación Intersindical (CI), la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera (SUT Solidaridad Obrera), el Sindicato de Comisiones de Base (Co.Bas), la Organización Sindical de Acción Directa (OSAD) y el Sindicato Alternativa Sindical de Clase (ASC); han comunicado la convocatoria de una huelga general desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del día 11 de noviembre de 2026, que afectará a todas las personas trabajadoras de los distintos ámbitos sectoriales del Estado español, tanto del sector público como del privado. Asimismo, en varias convocatorias se especifica que, en los centros de trabajo organizados mediante un sistema de varios turnos, la huelga comenzará al inicio del primer turno, aunque este empiece antes de las 00:00 horas del día 11 de noviembre, y finalizará al término del último turno iniciado durante dicho día, aunque se prolongue más allá de las 24.00 horas. En los centros de trabajo que tengan un único turno que inicie antes de las 00.00 horas del día 11, la huelga comenzará a la hora de inicio de la actividad laboral y finalizará el día 11 de noviembre en la hora en que concluya la misma.

El artículo 28.2 de la Constitución española reconoce el derecho a la huelga de las personas trabajadoras para la defensa de sus intereses, señalando, asimismo, que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Esta noción de “servicios esenciales”, según la doctrina del Tribunal Constitucional, hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción se dirige la prestación y, en consecuencia, ninguna actividad en sí misma puede ser considerada esencial, sino que solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de esos intereses exija el mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija.

Es preciso, pues, que se establezca un justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos, entre los que se encuentra el derecho a la protección de la salud y la obligación que tienen los poderes públicos de promover el bienestar de las personas mayores, con discapacidad o menores mediante un sistema de servicios sociales, tal como se establece, respectivamente, en los artículos 43, 49 y 50 de la Constitución española.

Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, cuyo artículo 10 atribuye a la autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

Por tanto, corresponde a las Administraciones públicas garantizar la prestación de los servicios esenciales en sus respectivos ámbitos territoriales. A estos efectos, el Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluye los servicios de prestación asistencial entre los sectores de actividad en los que ha de garantizarse la prestación de los servicios esenciales de la comunidad. Asimismo, su disposición adicional única atribuye a la persona titular de la consejería competente por razón de la materia el establecimiento de los servicios mínimos necesarios para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de titularidad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha prestados mediante gestión indirecta.

En consonancia con lo anterior, los servicios mínimos se fijan de acuerdo con un criterio restrictivo y acorde con los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la interpretación que debe darse a la limitación del derecho a la huelga en relación con el derecho a la salud y a la vida, cumpliendo, con el principio de razonable proporcionalidad entre los sacrificios que han de padecer las personas usuarias o destinatarias de dichos servicios esenciales y los que se imponen a los huelguistas, de tal manera que la perturbación del interés de las personas usuarias por la huelga debe serlo solo hasta extremos razonables.

Así, estos servicios mínimos han sido determinados mediante la ponderación de la duración de la huelga, las especiales necesidades de las personas atendidas y demás circunstancias concurrentes, teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos y bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute. El parámetro utilizado ha sido el de establecer, sobre los efectivos personales que habitualmente prestan el servicio en estos centros, los mínimos necesarios para atender las prestaciones que resultan esenciales para las personas usuarias.

Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, y en virtud de la competencia que me atribuye la disposición adicional única, en relación con el artículo 3.1.i), del Decreto 78/2010, de 1 de junio,

Resuelvo:

Primero. Objeto.

1. La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos de las prestaciones de servicios sociales y centros gestionados indirectamente por la Consejería de Bienestar Social, con motivo de la huelga general convocada desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas del día 11 de noviembre de 2026, que afectará a todas las personas trabajadoras de todos los ámbitos sectoriales del Estado español, tanto del sector público como del privado.

2. En los centros de trabajo organizados mediante un sistema de varios turnos, la huelga comenzará al inicio del primer turno, aunque este empiece antes de las 00:00 horas del día 11 de noviembre, y finalizará al término del último turno iniciado durante dicho día, aunque se prolongue más allá de las 24.00 horas. En los centros de trabajo que tengan un único turno que inicie antes de las 00.00 horas del día 11, la huelga comenzará a la hora de inicio de la actividad laboral y finalizará el día 11 de noviembre en la hora en que concluya la misma

Segundo. Servicios mínimos.

Los servicios mínimos que se establecen respecto de las prestaciones de servicios sociales y centros gestionados indirectamente por la Consejería de Bienestar, durante el día 11 de noviembre de 2026, son los correspondientes a los mismos efectivos de un día festivo.

Tercero. Designación del personal que prestará los servicios mínimos.

La designación de las personas trabajadoras que deben prestar los servicios mínimos que se establecen en esta resolución corresponderá a las personas titulares o responsables de las empresas gestoras o adjudicatarias de los respectivos servicios de la Consejería de Bienestar Social.

Cuarto. Efectos de la resolución y recursos.

1. La presente resolución producirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de Bienestar Social, de acuerdo con lo previsto en los artículos 30, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Toledo, 6 de noviembre de 2026

La Consejera de Bienestar Social

BÁRBARA GARCÍA TORIJANO